Durante el proceso, la defensa de Beingolea planteó dos mecanismos para evitar que el caso llegara a juicio oral. Por un lado, solicitó el sobreseimiento del proceso; por otro, presentó un recurso para sostener que los hechos atribuidos no podían configurar el delito de colusión agravada. La defensa argumentó que no existían comunicaciones, reuniones ni testimonios que acreditaran una concertación dolosa y sostuvo que las irregularidades advertidas constituirían, en todo caso, defectos administrativos. También alegó que Beingolea no intervino en la etapa interna de la contratación.